¿Pedir y regalar sin transformar? La gestión andaluza de los fondos europeos

La comunidad acumula mucho retraso en la aplicación de los fondos y no los orienta a las actividades que facilitarían una transformación real de nuestra economía.

Los fondos europeos son de distinta naturaleza y se organizan de manera diversa. Mientras todavía se están ejecutando fondos del anterior marco financiero (2014-2020), ya están en marcha los del actual periodo (2021-2027), además de los fondos extraordinarios, conocidos como Next Generation, de los que derivan los planes nacionales de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el caso de España, están previstos ocho tramos, cada uno de ellos vinculado a la consecución de varios hitos y de objetivos.

Los fondos europeos tienen una clara vocación transformadora. Todavía más los vinculados al paquete Next Generation en un momento de profundo cambio de nuestras economías y su gobernanza. Cambios por el desafío de la pandemia de COVID-19 y los confinamientos; por las necesarias transiciones gemelas, verde y digital; y por las transformaciones que está sufriendo el orden internacional, acelerado con el conflicto de Ucrania y que han puesto la autonomía estratégica y la resiliencia en el centro de la política económica e industrial europea. Sin embargo, la voluntad transformadora de estos fondos depende de la capacidad de las Administraciones de los distintos territorios para aplicarlos, amplificar su impacto y desarrollar de herramientas que generen efectos virtuosos. Y este proceso virtuoso no se está dando en Andalucía a pesar de que es la comunidad a la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado un mayor volumen de fondos, con 5.681 millones de euros de los fondos Next Generation.

Mientras Andalucía acumula mucho retraso en la aplicación de los fondos, no los orienta a las actividades que facilitarían una transformación real de nuestra economía, con mejores empleos y mayor resiliencia. Andalucía no se está gastando los fondos. En el reciente informe de Fiscalización sobre las medidas de la Junta de Andalucía para el Plan de Recuperación del Tribunal de Cuentas, se muestra que, a mayo de 2022, la Junta de Andalucía no había gastado ni siquiera el 5% de los fondos destinados a la comunidadd. Unos 1.500 millones todavía estaban en la caja del Gobierno andaluz.

El informe insiste en la falta de planificación y desarrollo de las capacidades puestas en marcha por el Gobierno andaluz que no ha simplificado procedimientos ni planificado la contratación de personal o elaborado guías. Un gobierno, el de Moreno Bonilla, que lleva años presumiendo de su labor de desburocratización en la Junta de Andalucía. Pero para desburocratizar hace falta burocracia, además de una buena gestión y un presupuesto que permitan agilizar el gasto de los fondos.

Es cierto que las reglas del presupuesto europeo conceden a todas las Administraciones un plazo de tres años para gastar y justificar los fondos antes de que se vean obligadas a su devolución. Aún hay tiempo, pero un nivel de ejecución tan bajo como el actual no presagia nada bueno, sobre todo cuando es el propio empresariado andaluz el que se queja de que los fondos no llegan a las empresas de la comunidad. Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, aseguró que las empresas de la comunidad habían recibido menos del 15% de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Esta voz de alarma nos remite a la segunda crítica, y es que no parece que el gobierno de Moreno esté invirtiendo en la necesaria transformación de la economía andaluza, ni en reforzar la toma de decisiones desde Andalucía para reducir nuestro grado de dependencia con respecto a otras lógicas productivas que no son necesariamente las de nuestra región. Las propuestas andaluzas continúan ancladas en el ladrillo, el cemento y el turismo, sectores sobreexplotados que por sí solos no transformarán nuestra economía ni la dotarán de mayor sostenibilidad y resiliencia.

Si a esto añadimos la política fiscal de Moreno de regalo a los más ricos, lo que tenemos es un refuerzo de una política económica e industrial orientada a la generación de riqueza patrimonialista. Exactamente lo contrario de lo que se quiere incentivar con los fondos europeos. No nos puede extrañar que en los ya cuatro años que lleva gobernando Moreno hayamos visto un alejamiento de la convergencia de Andalucía con el resto de España y la media europea en indicadores claves. Lamentablemente, y contrariamente a lo que dice Moreno, Andalucía no es la locomotora autonómica del país. Crecemos a un ritmo más lento que el conjunto (un 1,4% frente al 1,5%), según el informe más reciente que tenemos, el XXXI Informe Loyola Economic Outlook (LEO) elaborado por la Universidad Loyola y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), algo que no ocurría desde 2019, y tenemos la mayor tasa de desempleo de España, 19%, agrandando la brecha de desigualdad.

Además, hemos visto aumentar el grado de dependencia de la economía andaluza. En Bruselas no existe una concurrencia de grupos de interés que tengan como objetivo común Andalucía por encima del interés de cada uno de ellos. Falta agenda, faltan coordinación y sinergias, que es lo que debería estar promoviendo el Gobierno andaluz si realmente quiere transformar esta tierra.

Es esencial para Andalucía que el ejecutivo de Moreno acelere la aplicación y desarrollo de los fondos europeos y que lo haga con una buena orientación, acompañándolos con políticas de gasto que generen capacidades y con políticas de ingresos fiscales que premien otras actividades más allá de la acumulación de patrimonio, el modelo rentista que ha marcado la historia de Andalucía y que tan bien conocemos. Sus regalos fiscales a las rentas más altas dificultan enormemente el trabajo que muchos realizamos en las instituciones europeas para garantizar que las regiones con niveles de renta per cápita por debajo de la renta media de la UE, como el caso de Andalucía, sean las principales receptoras de fondos europeos.

Resulta inexplicable que cuando necesitamos que nuestra población esté más y mejor formada que nunca y aprovechar todos y cada uno de nuestros talentos, el Gobierno de la Junta deje de ingresar anualmente casi 70 millones al año con medidas fiscales que afectan favorablemente al 0,2% de la población andaluza más rica, denuncien al Constitucional el impuesto a las grandes fortunas y que, en cambio, infrafinancie nuestro sistema público de universidades, mientras aprueba la creación de universidades privadas con informes desfavorables por su falta de calidad.

No podemos permitirnos seguir perdiendo protagonismo industrial, potencial innovador ni talento en un momento geopolítico tan delicado en el que la globalización está dejando de funcionar y donde el lugar en el que se producen las cosas importa y mucho.