La pobreza de las mujeres, un problema que comienza por las estadísticas sin perspectiva de género
Un informe sobre la pobreza de las mujeres en Europa exige la incorporación de la perspectiva de género en todos los niveles del proceso presupuestario de la UE.
«La pobreza de las mujeres es superior a la de los hombres y ha crecido en términos absolutos y en relación a la masculina. Las estadísticas son claras al respecto. El riesgo de pobreza o exclusión social en la UE era, en 2020, mayor para las mujeres que para los hombres (22,9% frente al 20,9%); la brecha de género en materia de pobreza ha aumentado en 21 Estados miembros desde 2017 y el riesgo de pobreza relativa presenta una importante brecha de género; en 2019, la diferencia porcentual era de 1,3 y en 2020 de 2,515″.
Así comienza la exposición de motivos de una propuesta presentada en la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género el pasado 25 de enero. El texto, cuya ponente es la eurodiputada socialista Lina Gálvez, exige la incorporación de la perspectiva de género en todos los niveles del proceso presupuestario de la UE, de tal forma que se transformen ingresos y gastos en inversión social para lograr los objetivos de igualdad de género, como la lucha contra la pobreza femenina. «Es imprescindible impulsar un cambio estructural en gobernanza y fiscalidad e incorporar la perspectiva de forma efectiva», sostiene la propuesta, que será votada en comisión parlamentaria el próximo 22 de marzo y, finalmente, en sesión plenaria entre el 2 y el 5 de mayo en Estrasburgo.
Otra consecuencia terrible es el efecto sobre los y las menores. La propuesta recuerda que la pobreza femenina está fuertemente concentrada en los hogares monomarentales, «lo que tiene una incidencia directa en la más lacerante y limitante de todas las pobrezas, que es la pobreza infantil». El 85% de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres, y el 42,1% de la población de la UE que vive en hogares monoparentales con hijos a cargo estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2020.
En la exposición de motivos, la eurodiputada también se centra en lo que se denomina la pobreza de tiempo, definida como la ausencia de tiempo disponible tras descontar el tiempo de trabajos, pagados y no pagados –los cuidados–, al estudio o a cubrir otras necesidades básicas para la vida como el cuidado personal. Esta pobreza, señala Gálvez– interactúa con la pobreza material: «Las mujeres suelen llevar a cabo una multiactividad que las lleva al social depletion o agotamiento social de sus múltiples roles sin permitir garantizarse una vida digna. La pobreza de tiempo impide disponer de tiempo o autonomía horaria para ofertar trabajo en condiciones, tener autonomía financiera, formarse, acceder a los recursos básicos o a los mínimos cuidados que les garanticen una vida saludable y plenamente integrada en sus comunidades o sociedades», explica Gálvez, que estuvo presentando el informe la semana pasada en Barcelona.
Y para todo ello, concluye, se necesitan políticas públicas específicas, basadas en desigualdades estructurales de género que originan, agudizan o perpetúan la pobreza de las mujeres. Un problema de partida, no obstante, es la forma de medir esa pobreza: «Es cierto que la brecha de género relativa a pobreza es inferior a lo que podría inferirse de otras brechas de género (empleo, salarios o pensiones). Esto tiene que ver, por un lado, con la forma en la que recopilamos la información y construimos las estadísticas, y, por el otro, con la consideración de la pobreza de manera estrecha, sin tener en cuenta su multidimensionalidad, lo que impide ver ese carácter estructural y de perpetuación intergeneracional de la pobreza que afecta a las mujeres».
Ambas cuestiones –resume el documento– responden a la limitada aplicación del enfoque de género en la construcción estadística y el análisis socio- económico, la acción política y la evaluación de las políticas por lo que se considera urgente la incorporación de la perspectiva de género a las estadísticas sobre pobreza y riesgo de pobreza.
De las palabras a los hechos
Un estudio publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo el pasado año, que analiza las cuentas comunitarias desde 2014, puso en evidencia esta ausencia de políticas a la hora de la verdad. Según ese informe, la Comisión Europea ha prestado escasa atención al análisis de género de las políticas y programas de la UE, y ha utilizado pocos datos e indicadores desglosados por sexo. Por ejemplo, de los 58 programas de gasto del marco financiero plurianual 2014-2020, solo cuatro contenían referencias explícitas a la promoción de la igualdad de género como uno de sus objetivos, y solo cinco disponían de indicadores relativos al género. No obstante, en los ámbitos en los que se establecieron requisitos legales detallados, facilitó la incorporación de la igualdad de género en los programas.
El informe también avisaba del impacto específico de la COVID-19 sobre las mujeres. Una encuesta encargada por el Parlamento Europeo con motivo de este 8 de marzo pone cifras a ese enfoque: el 77% de las mujeres de la UE considera que la pandemia ha intensificado la violencia física y emocional contra ellas (el 75% en España); y cuatro de cada diez encuestadas (el 38%) afirman que la pandemia también ha hecho disminuir sus ingresos, sus posibilidades de conciliar (4%) y el tiempo que dedican al trabajo remunerado (21%).
Sobre la salud mental, la encuesta indica que las mujeres han sentido, sobre todo, la falta de sus familiares y amigos o preocupación por ellos (44% en la UE y el 63% en España), ansiedad y estrés (37% en la UE, 43% en España) y preocupación en general por su futuro (33% en la UE, 41% en España). «Es una opinión generalizada entre las mujeres que las medidas adoptadas para detener la propagación de la pandemia han hecho mucha mella en su salud mental», concluye el eurobarómetro.
Las prioridades
Preguntadas por las prioridades que debe enarbolar el Parlamento Europeo, las mujeres señalan estos problemas: la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas (47%); la violencia física y psicológica contra las mujeres (47%); la brecha salarial entre mujeres y hombres y sus consecuencias sobre el desarrollo profesional (41%); las mayores dificultades de las mujeres para conciliar vida personal y laboral (31%); y la protección de las mujeres y niñas de colectivos vulnerables (30%).
En el caso de España, las mujeres colocan al mismo nivel y como primeras prioridades la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas y las dificultades de conciliación (ambas con el 45%), seguidas de la brecha salarial (44%), la violencia contra las mujeres (41%) y la protección de las más vulnerables (34%).